Sean O'Malley, en México |
Tras el escándalo "Spotlight" y la toma de medidas, no se ha dado otro caso en Boston
"El delito es mucho más grave cuando lo comete algún sacerdote o religioso", segura el cardenal
Redacción, 22 de noviembre de 2016 a las 22:16
(Carlos Villa Roiz, en Siame).- "El abuso sexual contra menores, por parte de personas del clero, ha disminuido y puede ser erradicado con políticas de cero tolerancia, adecuados programas preventivos, de educación y de transparencia", afirmó el cardenal Seán O'Malley,
Presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores,
durante un congreso sobre el tema que fue organizado recientemente por
la Universidad Pontificia de México.
Al hablar sobre la eficiencia de los programas preventivos de este delito, el Cardenal O'Malley puso como ejemplo a la Arquidiócesis de Boston, donde no se ha vuelto a presentar ni un solo caso de abuso sexual por
parte del clero, tras el escándalo que se registró hace 14 años
(conocido como "Spotlight"), tras lo cual, en la diócesis se adoptaron
medidas adecuadas, transparentes, y de cero tolerancia.
El cardenal O'Malley explicó que el 95 por ciento de los abusos
sexuales contra menores se cometen en la propia familia y en otros
ambientes ajenos a la Iglesia, pero aseguró que el delito es mucho más grave cuando lo comete algún sacerdote o religioso,
porque traiciona la confianza de su víctima, traiciona su vocación,
comete un pecado y causa un gran daño a la Iglesia en su credibilidad y
confianza. "Esta ha sido la causa por la que muchas personas se han alejado de la Iglesia en todo el mundo", dijo.
Aseguró que el abuso sexual es un delito que cometen personas enfermas, pero eso no le quita gravedad al delito, y que bajo ninguna circunstancia deben quedar impunes estos actos.
Los obispos y superiores generales de las Órdenes y Congregaciones
religiosas tienen la obligación de dar parte a las autoridades civiles,
cooperar con ellas y no obstaculizar la acción de la justicia, de modo
que se deben anteponer los derechos de las víctimas y la seguridad de la
propia comunidad.
Durante el Congreso, realizado en la Universidad Pontificia de
México, los especialistas afirmaron que los juicios deben ser justos,
con una defensa libre, y plena objetividad, y que "debe prevalecer la
discreción en los procedimientos en el contexto del bien común". De
manera categórica se afirmó también que en esta clase de delitos, la
culpa nunca es de los niños o adolescentes, sino de los adultos que lo
cometen".
En los Estados Unidos, entre 1950 y 2012, el 70% de estos delitos tuvieron lugar antes de 1970.
Al reiterar que la Iglesia tiene la obligación de colaborar con la autoridad civil en
las investigaciones luego de una denuncia, se dijo que los obispos, o
personas competentes designadas por ellos, también deben hacer sus
propias indagaciones, y que en todo momento deben dar acompañamiento tanto a las víctimas como a los acusados, ya sea que estos resulten inocentes o culpables.
Se habló además de que varios sacerdotes han sido acusados falsamente
por personas físicas o a través de la prensa, y se dijo que si en el
juicio resultan inocentes, la persona queda marcada injustamente y que,
en gran número de casos, los medios de comunicación no reparan el daño
ni publican su inocencia.
Se destacó que algunos sacerdotes se han suicidado o han caído en alcoholismo o depresión tras una acusación,
de modo que la Iglesia debe actuar con justicia pero también con
misericordia. "La Iglesia debe reconocer con honestidad los delitos que
cometen algunos clérigos, pero también se debe reconocer los esfuerzos
que realiza para combatir este mal", dijo.
Como parte de las medidas preventivas que recomiendan implementarse está la formación continua
en los seminarios y del propio clero; elaborar códigos de ética para
sacerdotes, agrupaciones religiosas, catequistas y voluntarios; mayor
discernimiento vocacional, y propiciar los intercambios de información
entre seminarios, diócesis y órdenes religiosas, sobre todo al momento
de alguna transferencia. En este rubro, se afirmó que la transferencia de una persona culpable no garantiza, de ninguna manera, que el acusado no vuelva a violentar la ley en otra parte. "La falta de sentido común no es misericordia", señaló el Cardenal.
También se habló del uso responsable de internet, del daño que
ocasiona la pornografía, y de la importancia de la educación preventiva:
"Mostrar pornografía a un menor de edad también es abuso sexual". Luego se profundizó en las consecuencias sociales, los daños que causa un sacerdocio mal llevado a la fe y a la Iglesia.
Durante tres días de sesiones continuas, también participaron en este
congreso el Dr. Hans Zollner, SJ; el Arzobispo Charles Scicluna, y el
Dr. Mario Ángel Flores, Rector de la Universidad Pontificia e México.
El evento contó con la asistencia de 400 participantes provenientes
de 16 arzobispados y 43 diócesis, mexicanas y extranjeras, además de 48
representantes de sociedades de vida consagrada, y 8 institutos.
Los temas que se abordaron fueron interdisciplinarios, entre ellos,
se habló de aspectos psicológicos, jurídicos, la atención a las
víctimas, los criterios para sancionar y atender al clérigo acusado,
los seminarios, el papel de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
las conferencias episcopales y los superiores generales, y de algunos
relevantes documentos pontificios.
La Iglesia es una de las instituciones que ha tomado con más seriedad
este problema social en el mundo, y está buscando poner remedio de
fondo. Por lo pronto, el Pbro. Dr. Mario Ángel Flores, Rector de la
Universidad Pontificia de México, anunció que en febrero de 2017 abrirá
un Centro Especializado para la Formación en la Protección de Menores en
colaboración con la Universidad Gregoriana de Roma como servicio a la
Iglesia Católica en México.
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