El biólogo y político etíope Tedros Adhanom es desde 2017 director general de la OMS.
La Organización Mundial de la Salud, impulsora en todo el mundo de la reducción de población y del aborto como uno de sus instrumentos, dispone de unas nuevas directrices o "recomendaciones" que, como las anteriores, se basan en una mentira fabricada con el dinero de grandes fundaciones privadas: el supuesto consenso de los Estados y de los científicos.
Louis-Marie Bonneau, joven investigador del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia que preside Grégor Puppinck, detalla este engaño en el número 385 (noviembre de 2025) de La Nef:
En agosto de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una actualización de sus directrices sobre el aborto. Este documento fomenta una liberalización extrema del aborto, al tiempo que se muestra muy duro con la objeción de conciencia.
Ya en 2022, una primera versión recomendaba la legalización del aborto libre y sin condiciones hasta el final del embarazo, así como la posibilidad de que una menor abortara sin informar a sus padres. Sin embargo, estos textos no tienen valor jurídico ni científico. Peor aún, son fruto del trabajo de activistas proaborto y se elaboran en el seno de un órgano de la OMS especializado en el control demográfico desde 1970.
No existe un derecho al aborto reconocido a nivel internacional, ya que la mayoría de los Estados se oponen a él. En respuesta a ello, los "expertos" militantes tratan de crear la ilusión de que existe tal derecho mediante la elaboración de un corpus de derecho blando (soft law). Se trata de un conjunto de textos sin autoridad jurídica, pero que son publicados por una autoridad moral y cuya acumulación acaba orientando las leyes. Las directrices sobre el aborto de la OMS se redactan en el marco del Programa de Reproducción Humana (HRP) por activistas que se basan en múltiples fuentes de "derecho blando", a veces incluso autorreferenciadas.
Este mecanismo está bien engrasado: un relator de la ONU da su opinión favorable a la liberalización del aborto, luego un comité de expertos lo cita y va más allá, y otro grupo de trabajo de las Naciones Unidas hace lo mismo, y así sucesivamente. Estos textos se acumulan año tras año.
Por último, la OMS publica un documento de síntesis en el que recopila estas opiniones y da a entender que existe un consenso que los Estados deberían aceptar. Sin embargo, este tipo de documento no tiene valor jurídico, ya que no ha sido adoptado por los Estados ni por la Secretaría de la OMS, sino que se trata únicamente de "recomendaciones".
El hecho de que este documento haya sido redactado por activistas queda demostrado por un análisis sistemático de sus publicaciones en internet. En 2022, el 67% de los "expertos" que participaron en la elaboración de estas directrices se comprometieron o militaban a favor del aborto, o bien recibían pagos de organizaciones privadas que promueven el aborto. Tanto en 2025 como en 2022, la redacción de las directrices corrió a cargo de las mismas siete conocidas militantes pro aborto.
Estas directrices se elaboran en el marco del HRP, creado en 1970. Este programa ha desarrollado los principales anticonceptivos y abortivos que se utilizan en la actualidad, todo ello con un altísimo nivel científico. Esta coartada de rigor y neutralidad científicos convierte a este programa en una poderosa palanca ideológica: "Es ciencia, luego es verdad". Pero el hecho de que este programa haya desarrollado medios muy eficaces para reducir la fertilidad, como la esterilización, no significa que esos medios sean buenos. Sin embargo, los Estados que rechazan estos métodos de aborto o anticoncepción son fácilmente acusados de ser "anticientíficos".
La instrumentalización de la investigación
Los Estados tienen varias razones para negarse a caer en esta trampa. En primer lugar, este programa se concibió con el objetivo maltusiano de reducir la población humana, especialmente en los países pobres, a fin de aumentar la prosperidad económica. Por lo tanto, responde a una visión muy materialista del ser humano. Además, el HRP es un ejemplo más de la privatización de las organizaciones internacionales. La Fundación Ford financió el estudio de viabilidad del programa en 1970. Desde entonces, otras fundaciones han aportado millones de dólares de financiación, como las fundaciones Rockefeller, MacArthur, Packard, Hewlett, Buffett y Gates. Se trata de una instrumentalización de la investigación biomédica al servicio de intereses privados.
Hoy en día, el peso ideológico de estos intereses se hace cada vez más patente. Desde la década de 2000, el lenguaje de los derechos humanos se ha desviado de la antropología natural para hacer aceptar, en particular, los productos abortivos y anticonceptivos en nombre de los derechos individuales a la "salud sexual y reproductiva". Esta deriva sigue acentuándose a medida que aumenta la financiación privada. La reducción de la demografía se promueve ahora en nombre de los "derechos" del planeta.
En realidad, estas directrices sobre el aborto no se interesan por los derechos de las personas ni por su bienestar. Tampoco son el resultado de un consenso científico o de una decisión de los Estados. Reflejan la influencia ideológica de activistas y fundaciones privadas dentro de una institución que se supone debe ser técnica, neutral y científica.
